04 oct 2016

La Ley 39/2015 o Ley de “Papel Cero”, que se hizo efectiva el pasado 2 de octubre de 2016 recoge una serie de derechos no previstos con anterioridad en el marco normativo. En primer lugar, reconoce el derecho de los ciudadanos a comunicarse con las Administraciones Públicas a través de un Punto de Acceso General Electrónico de la Administración; el derecho de los mismos a ser asistidos en el uso de estos medios electrónicos en su relación con las AAPP, o "Administración Amable"; a la obtención y utilización de los medios de identificación y firma electrónica; el derecho a la protección de datos de carácter personal y, particularmente, de los datos que residan en ficheros, sistemas o aplicaciones de las AAPP; el derecho a consultar la información sobre los procedimientos personales abiertos en el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración; y, por último, el derecho a cumplir las obligaciones de pago a través de los medios electrónicos establecidos en la Ley.

Asimismo, la nueva Ley hace posibles algunos derechos que ya existían pero que ahora se regulan. Por ejemplo, el derecho a ser informado sobre el sentido, positivo o negativo, del silencio administrativo correspondiente a cada procedimiento, para los casos en que la Administración no resolviera y notificara la resolución de un proceso determinado dentro del plazo preestablecido. Se añade también el derecho a no presentar datos o documentos que se encuentren ya en posesión de las AAPP o que hayan sido elaborados por ellas, evitando así duplicidades documentales y retrasos procedimentales. Para ello, las Administraciones deberán recabar los datos electrónicamente a través de sus redes corporativas, de intermediación de datos, o similares. Además, se recoge el derecho a no presentar documentos originales (salvo que de forma excepcional se establezca lo contrario).

De este modo, a partir de la entrada en vigor de la nueva norma, los procedimientos deben ser electrónicos, y se deben ejecutar de la forma más simple y menos burocrática posible mediante la simplificación (art. 96 LPAC) y concentración de trámites (art. 72 LPAC). También se modifica el ámbito de la representación de interesados: se entiende como acreditada la representación cuando se realiza mediante apoderamiento personal o electrónico, o a través de la acreditación de la inscripción en el registro electrónico de apoderamientos de la Administración Pública competente en cada caso. Se potencia especialmente la representación electrónica, abriendo una vía para que las personas que no son usuarios hábiles o funcionales de la administración electrónica puedan aprovechar sus beneficios.

Otro de los puntos clave es la pionera distinción entre identificación y firma, un avance decisivo para diferenciar, por una parte, la identidad, y por otra, la voluntad o consentimiento del interesado. Solo para determinados requerimientos se precisará la firma electrónica, que además se establece como método preferente de pago de multas y tributos.

La nueva legislación recoge y amplía los derechos de las personas físicas, en cuanto a su posibilidad de relación con la administración se refiere. Sin embargo, estos derechos se convierten en una obligación para personas jurídicas; entidades sin personalidad jurídica; quienes ejerzan colegiación obligatoria (incluidos notarios y registradores); quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse de forma electrónica con la Administración; y empleados públicos para los trámites y actuaciones que realicen con las AAPP.

La Ley 39/2015 obliga también al interesado a indicar en la propia solicitud el medio electrónico o lugar físico en el que desea que se le realice la notificación correspondiente.

En este sentido, eXperta presenta profundas ventajas competitivas respecto a otros productos, pues opera, de forma previa a la implantación de la Ley 39/2015, en base a los estándares que la nueva norma establece:

  • Comprende el carácter preferente de las notificaciones electrónicas.
  • Puesta a disposición de notificaciones referentes a procesos con las Administraciones.
  • Está preparada para evitar duplicidades documentales, cumpliendo así con la reforma efectuada en este ámbito.
  • Acepta la inhabilitación como días hábiles de los sábados. Los procesos ejecutados telemáticamente durante el fin de semana se hacen efectivos a primera hora del lunes siguiente.
  • Permite la gestión mediante cómputo de horas.
  • eXperta cuenta con su propio registro de apoderamiento. Al mismo tiempo es perfectamente integrable con el registro de apoderamiento de la Administración General del Estado.
  • Es compatible con la abreviación de los procedimientos y con la tramitación simplificada de los mismos.
  • Separa funcionalmente la identificación de la firma electrónica, uno de los requisitos fundamentales del nuevo marco legal.

Los clientes de la plataforma eXperta han superado con éxito la adaptación al nuevo marco normativo (LPAC).